El presidente de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, Juan Almirón, solicitó ser depositario judicial para utilizar el
vehículo para hacer frente a eventuales incendios ocasionados por las
condiciones climáticas de la zona.
En su resolución, el juez Alonso González destacó que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Acordada N°02/18, dispuso que
los efectos secuestrados y bienes decomisados en causas penales, que no hayan
podido entregarse a sus dueños, podrán ser asignados provisoriamente, en
carácter de depositario judicial a entidades con fines de interés público, para
el cumplimiento de sus objetivos específicos y uso dentro del territorio
nacional.
Dicha normativa también refiere a los bienes
provenientes de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos e
indica que: "El abordaje del delito con medidas eficaces de este tipo
reduce el impacto negativo que éste provoca en la sociedad, especialmente en
los casos de delincuencia organizada y de corrupción que degrada las
instituciones del país, en particular la administración pública".
En ese orden de ideas, la acordada destaca que este
tipo de medidas "relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen
de actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población.
De ahí, la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de
los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de
ellos".
Así, tras verificar la "la urgencia del pedido en
cuestión y la real necesidad verificada", el magistrado consideró que
"se impone dar una respuesta eficaz y adecuada a la demanda
formulada", por lo que resolvió hacer entrega del camión y su
semirremolque al presidente de los Bomberos Voluntarios de Itá
Ibaté-Corrientes, en carácter de depositario judicial, quien deberá acreditar
la contratación de un seguro para el rodado. Época
